Las privatizaciones, una amenaza a la Escuela Pública.
Como analizan diversos autores y autoras (Gentili, 1997; Whitty, Power y Halpin, 1999; Martínez Boom y Laval, 2004) el neoliberalismo se ha convertido en el “telón De fondo” de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, no limitándose ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan directamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas.
Sectores importantes del capital, fundamentalistas religiosos populistas y autoritarios sintiéndose amenazados por el laicismo ejercen una presión brutal para preservar a toda costa sus privilegios, esto, agravado por otros sectores muy concretos de la nueva clase media profesional que impulsan la ideología y las técnicas de la calidad sólo con el objetivo del aumento de la competitividad, las ganancias y la disciplina se agrupan en la rancia idea de volver al pasado romántico basado en una imagen idealizada de la escuela, la familia y el hogar.
Se abandona la idea de que la educación debe estar prioritariamente al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo. Frente a eso se promueve un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, en el doble sentido de que sea útil para responder a las “necesidades del mercado”, a la vez que para homogeneizar e integrar a quienes se educan en un pensamiento pragmático, “realista”, acrítico, aceptable socialmente.
El capitalismo persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y obtener más beneficio. Su voracidad se ha extendido en todos los ámbitos, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida, alcanzando ya de lleno a las empresas de propiedad pública y, sobre todo, servicios que gestionados por instituciones sin ánimo de lucro que gestionan servicios subvencionados por las Administraciones públicas. Estos servicios cuando empiezan a tener posibilidades de ser rentables, aparece la iniciativa privada a reclamar su parte del pastel. Para el capital financiero la educación representa hoy el último gran mercado a nivel mundial.
En España tras la Ley General de Educación de 1970 que exigía la gratuidad de los niveles obligatorios, se subvencionaron reformas de edificios, equipamientos escolares y enseñanzas de EGB y FPI de los centros privados. Estas subvenciones fueron no sólo aceptadas posteriormente por el gobierno socialista en el gobierno bajo la condición de su regulación y control democrático, mediante el régimen de “conciertos” (financiación con dinero público de la educación privada), sino que fueron legalizadas e institucionalizadas, lo que supuso la renuncia al histórico modelo de escuela única (Terrón, 2005).
Los conciertos educativos, cuando se iniciaron, debían tener un carácter subsidiario y transitorio. Su único objetivo era cubrir la demanda educativa cuando la red pública no la podía satisfacer. Pero la escuela concertada, que nació siendo una vía alternativa y minoritaria de apoyo a la escuela pública ante la falta de infraestructura en zonas con mucho alumnado, fue consolidada legalmente por la política educativa del Ministerio socialista asentando una doble red: la escuela privada concertada se ha convertido hoy en una competencia, la vía principal frente a la red pública recibiendo un volumen cada vez mayor de recursos económicos a través de los conciertos educativos.
Se produjo así un proceso continuado de neoliberalización silencioso del sistema educativo, a través de una “privatización blanda” y gradual mediante la extensión de los conciertos. La reforma educativa del PSOE de 2006, siguió ese camino progresivo de aumento de la concertación con centros privados, no sólo en los niveles obligatorios (primaria y ESO), sino también en los niveles no obligatorios, financiando los centros concertados con dinero público para que se impartiera el tramo de 3 a 6 años.
Actualmente se ha alcanzado una situación en que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Y lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a los centros docentes de la Iglesia Católica, que constituye un auténtico subsistema consolidado y con un gran poder. Por supuesto, los colegios privados y concertados se concentran en grandes núcleos urbanos y en zonas donde hay suficiente población con abundantes recursos. En Boadilla del Monte, zona rica de Madrid, hay un instituto de Educación Secundaria Público y cuatro privados. Las zonas menos desarrolladas (zonas periféricas de las ciudades, zonas rurales, etc.) son asumidas por la educación pública.
Se está renunciando al concepto de enseñanza como bien público al que se debe acceder digna, universal y gratuitamente.
Hoy no se discute si la educación ha de servir para reproducir el sistema o para emancipar, sino que se plantea cómo hacer más eficaz y eficiente el sistema educativo al servicio de la empresa y del mercado, ya no se plantea como servicio público al servicio del ciudadano, sino como producto que las personas consumidoras han de elegir.
En este contexto, las escuelas sometidas a las leyes del mercado, especialmente a la competencia, procuran hacerse más competitivas, más selectivas, y no aceptan de ninguna manera alumnado que haga descender los resultados en los exámenes, ese baremo que clasifica el ranking de los centros y que influye en la posición global en el mercado. Consecuencia que hace que estudiantes con necesidades educativas o de minorías que no solamente son costosos y que pueden desacreditar los resultados de los exámenes y perjudicar la imagen del centro reduciendo las puntuaciones en esas tablas de clasificación que tan importantes parecen ser, hacen que sean no aceptados en las escuelas concertadas subvencionadas con dinero público.
El Decreto 18/2008 de la Comunidad de Madrid publicado el pasado 12 de marzo es un claro ataque de la derecha neoliberal. Este decreto afecta a la calidad de la educación de la Red pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños y niñas, que viene funcionando desde 1986. Con él la derecha facilita y abre todas las posibilidades a guarderías privadas, cuyas condiciones educativas de habitabilidad y seguridad están muy por debajo de los niveles de la red pública de Escuelas Infantiles actuales. Es absolutamente inaceptable que este decreto posibilite el incremento de número de alumnos por centro, disminuya el número de profesionales y la titulación para atender al alumnado, modifique la obligatoriedad de tener patio de 75m² de uso exclusivo por cada 9 unidades o fracción a disponer simplemente del tamaño adecuado en una superficie pública, fuera del recinto de la escuela.
Recomiendo la lectura de “La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación” de Enrique Javier Díez (El Roure editorial S.A.)
Jesús Valero Espadase
Educador Social
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